Ante los últimos acontecimientos en torno al debate legislativo sobre la “Ley General de Aguas” pero sobre todo respecto al Art. 14, que establece la participación de dos representantes de la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) en el ente rector de la misma, recordamos que diversas organizaciones hemos trabajado históricamente por el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano en El Salvador, tal como lo estableció la ONU en julio de 2010.
En este sentido, consideramos que es urgente la aprobación de la propuesta de una ley que coloque el bienestar de las personas y sus derechos, por encima de los intereses gremiales. El agua debe ser accesible para las necesidades del sustento. Convertirlo en una mercancía de compra y venta con fines de lucro es violatorio de nuestro derecho inherente a la vida. Aspiramos a que esta ley establezca que la máxima autoridad del agua en el país sea una entidad del Estado, con carácter público que asegure una regulación y gestión eficiente, democrática y que garantice la participación ciudadana. Porque el agua no es una invención humana y no tiene fronteras. Es por naturaleza un bien común. No puede ser de propiedad privada.
En muchos países en desarrollo las mujeres y niñas son las más afectadas, ya que son mayoritariamente ellas quienes se encargan de ir a buscar agua lejos de sus hogares; para ello recorren grandes distancias, en lugares solitarios exponiéndose a situaciones de agresión, abuso y violencia. Asimismo, determinadas a las tareas del cuidado cargan con el peso de proveer agua, alimentos debidamente procesados, la limpieza y lavado de ropa, esto causa mucho estrés y da lugar a enfermedades como presión alta, diabetes, enfermedades emocionales, etc.
Un efecto de la privatización del agua, es menos acceso para las mujeres, ya que tienen menos ingresos que garanticen la compra de la misma, muestra de ello es que según la EHPM de 2017[1], en El Salvador, el salario promedio mensual tiene una diferencia de $53.45 a favor de la población masculina, significando menos disposición de las mujeres para la compra de bienes y servicios.
La defensa de las fuentes de vida como el agua, coloca a las mujeres en condiciones de riesgo y vulnerabilidad mayor que los hombres, al enfrentar poderes con la capacidad de violentar su integridad y el libre ejercicio de derechos, además de anular sus posibilidades de participación en la toma de decisiones sobre este recurso.
La disposición del agua, en el mundo actual tres de cada diez personas no tienen agua, además 4,000 millones de personas no disponen de condiciones higiénicas adecuadas[2]; en el planeta solo el 3% es agua dulce disponible para el consumo[3]. En América Latina y el Caribe, 106 millones de personas no cuentan con saneamiento adecuado. La escasez de agua es un problema real, una cuestión mundial que afecta a todas las personas.
Por todo lo anterior, necesitamos además de cuidar y dar un sostenimiento sustentable al agua, es necesario proveerla adecuadamente a fin de no aumentar la pobreza, la desigualdad y la violencia. Para prever esta situación, los Estados a través del Gobierno deben ser garantes de proveer una instancia que brinde un suministro justo y equitativo, que no convierta al agua en una mercancía que nos lleve a un desastre social.
Por tanto, como organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU MUJERES:
- Instamos al Gobierno de la República y principalmente a los Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa a redoblar esfuerzos a fin de asegurar el Derecho Humano del Agua a la población salvadoreña, retomando como base el adelanto sustancial que ya la anterior legislatura había construido en base a consensos y aportes de varios sectores de la población.
- Reafirmamos el reconocimiento del derecho humano al agua como un bien público esencial e imprescindible para todas las formas de vida.
- Demandamos la garantía de un acceso equitativo, eficiente, justo y participativo en condiciones de igualdad del agua.
- Instamos a que se garantice el derecho a la participación de las mujeres en las decisiones sobre el Derecho Humano al Agua.
- Exigimos respeto a la integridad de las mujeres en su defensa por las fuentes de vida como el agua.
- Hacemos un llamado a los distintos actores involucrados en el debate y lucha por la no privatización del agua a rechazar el uso de discursos misóginos y acciones de violencia simbólica y/o de género que puedan darse durante el desarrollo de las acciones.
- A todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa les exigimos que aprueben una ley donde se establezca que la máxima autoridad del agua en el país sea una entidad del Estado, con carácter público que asegure una regulación y gestión eficiente, democrática y que garantice la participación ciudadana.
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
El Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres (GASC) fue creado en 2017. Está integrado por 14 mujeres expertas en temáticas relativas a género y derechos humanos, representantes de diversos sectores y organizaciones de la sociedad como un mecanismo institucional para el diálogo periódico sobre cuestiones y prioridades clave de la igualdad de género.
Firmado por:
- Claudia Monserrat Arévalo, Mujeres Transformando
- Alejandra Burgos, Red Salvadoreña de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos
- María Guadalupe Alvarez de Castaneda, ICW Capítulo El Salvador
- María Elva Gonzales, Asociación agropecuaria mujeres produciendo en la tierra (AMSATI)
- Morena Soledad Argueta Herrera, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
- Ana Ruth Orellana, Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
- Mhaydee Recinos Martinez, Instituto de investigación, capacitación y desarrollo de la mujer (IMU)
- Bianka Rodriguez, COMCAVIS Trans
- Silvia Juárez, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, (ORMUSA)
[1] Encuesta de Hogares con Propósitos Múltiples, Pág. 24 disponible en: http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/804-ya-se-encuentra-disponible-la-publicacion-ehpm-2017.html
[2] Organización Mundial de la Salud (OMS), 2013
[3] Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia
