Mujeres Transformando se unió a centenares de mujeres en la marcha conmemorativa del 25 de noviembre Día de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
A una sola voz EXIGIMOS el cumplimiento de las leyes que protegen los Derechos de las Mujeres.
COMUNICADO DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA
Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres
25 de noviembre de 2013
Las organizaciones de mujeres y feministas, que conformamos la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” y la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres, en el marco del Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha en la que recordamos a las hermanas Mirabal como símbolo de la acción para la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los países del mundo.
En los últimos años en el país, las organizaciones feministas y de mujeres han logrado colocar en la agenda pública la necesidad de adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género; en ese sentido un avance importante ha sido la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia para las Mujeres (LEIV) en noviembre de 2010, la cual entró en vigencia en enero de 2012. Esta nueva Ley reconoce nuevos delitos contra las mujeres, como la violencia simbólica, la discriminación y el feminicidio.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres de la REDFEM, con base a datos de la PNC, indica que en 2012, se reportaron 329 feminicidios y 157 en el período de enero a septiembre de 2013. Además en el mismo periodo, registra 2,007 denuncias por violencia intrafamiliar y 1,633 denuncias por diferentes delitos contra la libertad sexual.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia informa que para el año 2012, se cometieron 6 feminicidios; 1 feminicidio agravado en grado de tentativa y 144 fueron tipificados como homicidios de mujeres: 110 como homicidios agravados y 34 como homicidios simples.
La misma institución reporta que para 2012 recibió un total de 11,312 denuncias por violencia intrafamiliar; de las cuales el 84.03% corresponde a mujeres en edad adulta y un 15.97% corresponde a niñas; así como 1,617 denuncias de delitos contra la libertad sexual de mujeres y niñas. De este total el 71.37% fue cometido contra niñas y el 28.63% contra mujeres mayores de 18 años. De enero a junio de 2013 registra un total de 6,126 denuncias, de las cuales el 89.73% corresponde a mujeres en edad adulta y un 10.27% corresponde a niñas. De la misma forma, registra el delito denominado expresiones de violencia contra las mujeres, establecido en el artículo 55 de la LEIV con un total de 28 casos, de los cuales el 92.86% han sido víctimas mujeres adultas y en 7.14% a niñas.
La Procuraduría General de la República (PGR), en el período comprendido de mayo a diciembre de 2012, reporta 14,042 casos de violencia económica. El 97.9% de éstos, consisten en no proveer la cuota alimenticia, equivalente a 13,748 hechos de violencia identificados.
La LEIV establece los mecanismos necesarios para prevenir, atender y sancionar la violación al derecho humano de las mujeres de todas las edades, de vivir una vida libre de violencia, ya que afecta el desarrollo integral de sus vidas y el reconocimiento de su aporte en todos los ámbitos de la sociedad.
Desde la organizaciones feministas y de mujeres seguimos observando con preocupación, la saña con la cual se ejecutan estos hechos de violencia y el sufrimiento causado a las víctimas, lo que evidencia las prácticas sociales que desvalorizan la vida de las mujeres y las restricciones al ejercicio de sus derechos, a través del odio expresado sobre sus cuerpos mediante la mutilación, desfiguración y violencia sexual, entre otras actitudes misóginas de los hombres.
Estas actitudes de desvalorización o menosprecio a la vida de las mujeres las seguimos observando también en los aplicadores de justicia, lo cual se refleja en la poca importancia que se les confiere a los hechos denunciados por las mujeres, llegando en algunos casos a defender jurídicamente que se trata de delitos de bagatela, en otras ocasiones se intenta forzar a las mujeres a desistir de los procesos o que concilien, por tanto están negándose a aplicar efectivamente la LEIV, en perjuicio de los intereses de las victimas.
Además, es imprescindible fortalecer la institucionalidad cuando los hechos de violencia son perpetrados por servidores públicos como: diputados, jueces, policías, fiscales, entre otros; lo que evidencia la condición de vulnerabilidad de las mujeres ante personas que deberían ser garantes de velar por el cumplimiento del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.
Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de que El Estado salvadoreño se comprometa en trabajar para eliminar obstáculos sexistas que promueven la impunidad, a través de la corrupción y la legitimación social de la violencia contra las mujeres, lo cual lleva a generar violencia institucional.
Ante lo expuesto, como mujeres organizadas demandamos:
Que cada una de las instituciones responsables se comprometa a crear y cumplir con las políticas existentes orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres.
Así mismo, reiteramos nuestro compromiso para aportar al cumplimiento de la legislación y las políticas vigentes desde nuestra propia naturaleza y fines en acciones de información, sensibilización, capacitación, movilización y vigilancia social para el cumplimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Y EXIGIMOS:
Al Órgano Judicial:
– La creación de las unidades especializadas de atención.
– Protocolos de actuación judicial que garanticen la seguridad de las víctimas
– Protocolos de investigación del delito
– Presupuesto asignado para las acciones de la Política Nacional para la Prevención y Sanción de los delitos relativos a la violencia contra las mujeres.
– Un fondo especial para mujeres víctimas de violencia, mecanismos efectivos para lograrlo.
– Mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencia.
– Políticas de contratación, evaluación y destitución de las y los operadores de justicia, que garanticen la atención de calidad y con calidez y la no revictimizaciòn y corrupción en su actuación.
– A la capacitación del personal judicial que facilite actitudes género sensitivas y de compromiso con la aplicación de la LEIV, evitando decisiones discrecionales vinculadas al imaginario social que llevan a la revictimización e impunidad.
Al Ministerio Público:
Que la Fiscalía General de la República se comprometa a perseguir los delitos de violencia contra las mujeres de forma diligente para erradicar la impunidad.
El compromiso de la Procuraduría General de la República para crear los mecanismos pertinentes en el cumplimiento de las leyes para la detección, atención, prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres.
El compromiso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de las instituciones encargadas de la implementación de la legislación que garantice los derechos humanos de las mujeres.
San Salvador, 25 de noviembre de 2013.
