Fuen en el año 2002, un viernes 5 de Julio que se desató una crisis de intoxicación masiva en la zona franca de Olocuilta originada por una ruptura de una tubería que conducía cloro en la fábrica textil Hoons Apparel, afectando a 6 fábricas del complejo industrial. Como consecuencia 260 trabajadoras y trabajadores fueron conducidos al hospital, entre ellos 12 mujeres embarazadas, en estado crítico.
Las debidas diligencias a seguir por el Ministerio de Trabajo y el Director General de Inspección de Trabajo no se cumplieron, una vez más, y la fábrica no fue clausurada, de forma que el lunes siguiente, 8 de julio, en el mismo lugar, volvió a haber una intoxicación, que en esta ocasión afectó a 300 personas.
A pesar de la evidente negligencia de las instituciones públicas, los responsables institucionales comenzaron a emitir declaraciones exculpatorias de la fábrica y de ellos mismos, afirmando que había sido un acto de sabotaje, lo que fue dicho por el Vicepresidente de la República en aquel momento, Carlos Quintanilla Smith, y que fue secundado por el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de la Industria de la Confección (ASIC), que incluso llegó a relacionarlo con la visita de un sindicalista estadounidense al país. Aún más fuerte fueron las declaraciones del Ministro de Trabajo y Previsión Social, Jorge Isidoro Nieto Méndez, y del Jefe de Instituto de Medicina Legal, Juan Matheu Llort, para los que fue un caso de histeria colectiva. Incluso los técnicos de Medicina Legal, llegaron a afirmar que habían encontrado elementos que les permitía asegurar que habían sido lanzadas bombas lacrimógenas al interior de la fábrica
Estas afirmaciones se contradecían desde un primer momento con las de las personas presentes, ya fueran trabajadoras y trabajadores afectados o personal de la cruz roja y del cuerpo de bomberos que atendieron a los y las trabajadoras heridas.
La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa citó a funcionarios de los Ministerios de Trabajo y Medio Ambiente sin que la cosa fuera a más, y la fracción legislativa del FMLN hizo una denuncia penal ante un Juzgado en contra del Ministro de Trabajo por incumplimiento de deberes, sin embargo la denuncia hasta ahora no ha evolucionado. De hecho nunca se esclarecieron los hechos, quedando en la más absoluta impunidad.
Información extraída de: OBSTÁCULOS LEGALES, POLÍTICOS Y PRÁCTICOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES LABORALES EN EL SALVADOR. Diagnóstico de la legislación laboral salvadoreña y la crisis de los derechos laborales. Amílcar Efrén Cardona Monterrosa, Aseprola/Fespad, Diciembre del 2004, documento disponible en Internet.
