En los últimos meses la sociedad salvadoreña ha sido testiga de diversas acciones y coyunturas relacionadas en el ámbito del trabajo, específicamente en el sector textil. En el mes de noviembre del 2017, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad por omisión en la que incurrió el presidente de la República y el Consejo Nacional de Salario Mínimo, por no haber establecido oficialmente, la tarifa del salario mínimo para las trabajadoras y trabajadores a domicilio, mandato establecido desde 1983 por los artículos 38 de lo ordinal 2º y 41 de la constitución. Ante dicha sentencia, el 22 de diciembre el Consejo Nacional del Salario Mínimo publicó la tarifa establecida para la modalidad del trabajo a domicilio en El Salvador, la cual es de $300. 00
Ante la fijación de la tarifa de salario mínimo establecido para dicho sector, hemos identificado que las empresas que contratan a las trabajadoras de bordado a domicilio están ejerciendo aún más presión hacia las mujeres; presión que se ejerció desde conocer dicha sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Las amenazas constantes ante la libre sindicalización y organización es una razón que las empresas toman en cuenta para ya no entregar trabajo, también se ha identificado un aumento de piezas a trabajar para entregar semanalmente, incrementó de 20 piezas a 40 piezas semanales para poder pagarles el salario mínimo. La constante persecución laboral, discriminación, violencia verbal y el no gozar de las prestaciones sociales, son algunas de las violaciones a sus derechos como mujeres trabajadoras.
Así mismo, prevalece la negación de las empresas en reconocer a las bordadoras a domicilio como trabajadoras, de tal manera que se niegan a inscribir en el libro de inspecciones a las bordadoras a domicilio, dicho registro está habilitado desde el 2015 en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Está, y otras acciones obstaculizan el goce y la garantía a las trabajadoras de sus derechos laborales.
También es importante mencionar que las maquilas instaladas en nuestro país mantienen una deuda histórica con la clase trabajadora en cuanto al derecho a la organización, y a la salud que se ve amenazada con jornadas extenuantes y altas metas de producción, denunciamos los recientes despidos en la fábrica Youngone que atentan contra el derecho a la estabilidad laboral de la clase trabajadora. Este sector, cuenta con beneficios fiscales que favorecen exclusivamente a las empresas, ya que estas políticas públicas que fomentan la inversión extranjera, no redundan en empleos dignos para las mujeres salvadoreñas.
Por otro lado, vemos con preocupación los casos de feminicidio que se han registrado hasta la fecha; son 94 casos hasta el mes febrero del presente año, si sumamos los casos de 2017 hasta febrero 2018, son 562 mujeres que nos faltan y las autoridades correspondientes no han dado el seguimiento requerido, dejando en la impunidad las muertes de mujeres por sus parejas, compañeros de trabajo, muertes en las que el mismo sistema se ha encargado de invisibilizar en una sociedad machista, patriarcal y misógina.
Por esta y más razones, como organización de mujeres feministas, defensoras de derechos humanos y laborales manifestamos nuestra preocupación ante todos los hechos que impiden el cumplimento de los derechos de las mujeres y exigimos:
- En cuanto al salario mínimo: Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, crear mecanismos para supervisar el pago de la tarifa de salario mínimo establecido para la modalidad de trabajo a domicilio y crear mesas de diálogos con las empresas que emplean en dicha modalidad, con el único fin de mejorar las condiciones laborales de las bordadoras a domicilio.
- En cuanto a la suscripción del Convenio 177 de la OIT y su recomendación 184, a las instituciones correspondientes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Previsión Social iniciar el proceso para la pronta suscripción de dicho Convenio para que las mujeres que están insertas en la modalidad del trabajo a domicilio puedan gozar de todas las prestaciones de ley.
- Al Estado: garantizar un accionar que responda a la Defensa de los Derechos Humanos y Laborales de las mujeres y niñas en El Salvador, garantizando un Estado Laico, omitiendo juicios machistas y patriarcales que atentan con la vida y salud de niñas, adolescentes y mujeres.
- Así mismo exigimos continuar con la investigación de la Agente Carla Ayala y de sus compañeras que se encuentran desaparecidas, como es el caso de nuestra compañera Diana Beltrán y de las demás mujeres que han sido víctimas de la violencia patriarcal y machista.
- Finalmente, reivindicamos nuestro derecho a defender derechos, denunciamos a las empresas del bordado a domicilio por la campaña de desprestigio hacia nuestro trabajo ante la población de bordadoras y les decimos que no vamos a dejar de denunciar, defender y actuar.
Ante estas injusticias, conmemoramos este 8 marzo, Día Nacional e Internacional de la Mujer Trabajadora y nos sumamos al paro internacional de mujeres en protesta, lucha y resistencia feminista.
¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!
